El Comité cívico y el Conade impugnan resolución de la Fiscalía para cerrar el caso fraude electoral
El Comité pro Santa Cruz y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) enviaron a la comisión de fiscales anticorrupción de La Paz un documento de 33 páginas en el que detallan sus argumentos ante el «gravísimo intento de dejar en la impunidad el monumental fraude electoral del año 2019», donde impugnan la resolución de sobreseimiento del caso
«La justicia en Bolivia, en tiempos de Evo Morales, se convirtió en el más peligroso instrumento de persecución política al servicio del Poder Ejecutivo, perdiendo por completo su independencia e imparcialidad», indican ambas entidades en el informe que fue entregado el 4 de agosto.
Informe vinculante de la OEA
Apuntan a una irresponsabilidad del Ministerio Público en la interpretación y lectura de la información de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso de las fallidas elecciones de octubre de 2019, que fue pedido por el Gobierno de Evo Morales.
Apuntan que la Fiscalía no contempla los hechos que podrían consistir o derivar en un proceso de fraude electoral, pese a estar identificados, investigados y reflejados en el documento que fue presentado este 4 de agosto.
Dentro de los aspectos que no fueron analizados conforme a ley, se expone un listado de más de 120 elementos que pueden ser tomados como prueba; además, un listado de acciones, solicitudes de información o declaraciones de testigos que no fueron valoradas, por lo que se considera que existe una intencionalidad para cerrar el caso fraude por el Ministerio Público, a cargo de Juan Lanchipa.
El informe de la OEA adiciona 226 irregularidades en actas, producto de revisiones aleatorias para concluir manipulación del proceso electoral.
Además del informe de la OEA, la Unión Europea, la Universidad Mayor San Francisco Xavier, la Universidad Católica Boliviana, el Conade y la Sociedad de ingenieros de Bolivia realizaron informes independientes con las mismas conclusiones.
Informe de Ethical Hacking y la declaración de Neotec
Otro elemento para evidenciar que la tarea desarrollada por el Ministerio Público ha sido irresponsable es el informe preliminar de Ethical Hacking, y que pone por encima la declaración de Marcel Guzmán de Rojas, líder de la empresa Neotec.
Ethical Hacking, la empresa encargada de análisis de vulnerabilidades y pruebas de integridad de los sistemas electorales, reporta inconsistencias, así como también apunta a las acciones del Órgano Electoral y la empresa Neotec, esta última responsable del desarrollo, operación y soporte a los sistemas de cómputo preliminar y cómputo oficial.
Se detectan más de 12 irregularidades, incluida la instrucción de la presidente del TSE de cortar los sistemas de cómputo, traspaso por lotes de cómputos preliminares al cómputo oficial, sin pasar por sala plena de vocales electorales
A esto se suma la detección de servidores de cómputo alterno. Todos estos elementos están o estuvieron registrados en declaraciones ante el Ministerio Público, incluso como anticipo de prueba.
Informe de Édgar Villegas
Según la impugnación, la Fiscalía rescata tan sólo unas cuantas líneas que refieren a que la ciudadanía presenció y anotó distintas denuncias de fraude en los recintos electorales y no así la esencia y estructura del trabajo del ingeniero informático Édgar Villegas.
El Ministerio Público “desmerece por completo la labor de los profesionales bolivianos en la resolución de sobreseimiento y, por el contrario, enaltece documentos sin ningún tipo de valor legal», señala el documento de impugnación.
Villegas denunció públicamente que las actas digitales del cómputo preliminar, en gran cantidad fueron creadas de manera anticipada al proceso electoral, es decir, antes de la jornada de elecciones.
Una vez concluida la votación del 18 de octubre de 2019, se hacen virales denuncias de personas con familiares fallecidos que estaban habilitados para votar; durante los días del cómputo oficial son dados de baja del portal de consulta.
También se encuentran ánforas con papeletas de votación en localidades clandestinas.
Fuente: El Deber
